Se trata de un proyecto de atención integral al consumidor extremeño que se constituye como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia que surge mediante la firma de un Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Extremadura y la Mancomunidad. Entre sus principales objetivos se encuentra la gestión de una intervención global dirigida a facilitar el acceso de los sectores de población más desfavorecidos a los recursos que la Administración Autonómica desarrolla en materia de consumo: información, formación y educación. El Consorcio realiza su intervención a través de la creación de Centros Mancomunados de Consumo en cada una de las Áreas de Consumo, como mecanismo de mediación que facilite solucionar de manera rápida y eficaz las reclamaciones de los consumidores, fomentando de este modo también los recursos existentes en materia de defensa de los consumidores.